El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas, integrada por las municipalidades provinciales de Huaylas, Yungay, Carhuaz y Huaraz, unirán fuerzas para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Cordillera Blanca.
Ello a través de un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá realizar estudios especializados e instalar sistemas de monitoreo en cinco quebradas críticas, informó el IGP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
“El IGP financiará el desarrollo de estudios y la instalación estratégica de sistemas de monitoreo en estas cinco quebradas ante la ocurrencia de flujos de detritos generadas por la ocurrencia de lluvias extremas y/o aluviones”, detalló la entidad.
“De ocurrir estos eventos, los sistemas proveerán varios minutos de alerta dependiendo de la cercanía de los centros poblados. Nuestro objetivo es generar ciencia que proteja vidas”, señaló el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera.
El especialista precisó que las quebradas priorizadas son Cojup, Llaca, Lullan, Llanganuco y Mancos, zonas altamente vulnerables a procesos peligrosos como desbordes de lagunas, flujos de detritos y eventos tipo GLOF (Glacial Lake Outburst Flood).
El convenio se suscribirá este martes 7 de octubre en la ciudad de Huaraz, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, con la participación del jefe institucional del IGP y el alcalde José Romero, presidente de la Mancomunidad Hatun Huaylas.
Fortalecer capacidades
La iniciativa permitirá fortalecer las capacidades de la mancomunidad para la reducción del riesgo de desastres, beneficiando directamente a 32 áreas urbanas ubicadas en las quebradas intervenidas.
“Con este esfuerzo conjunto, se busca reducir la vulnerabilidad de miles de familias que habitan en el área de influencia de la Cordillera Blanca”, enfatizó el IGP.
Con la implementación de estos sistemas, la región contará con una herramienta tecnológica y científica clave para la prevención y mitigación de riesgos, garantizando una mayor seguridad para la población y aportando a la sostenibilidad de los territorios altoandinos.
