De acuerdo con el INEI, Barranca fue en el 2017 la segunda provincia del país con la tasa más alta de homicidios: 41 por cada 100 mil habitantes. Esto, según la Organización Mundial para la Salud(OMS), tiene las proporciones de una epidemia de violencia.
La provincia tiene 150.093 habitantes distribuidos en sus cinco distritos: Supe, Puerto Supe, Paramonga, Pativilca y Barranca. Solo en este último, entre enero y octubre de este año, se reportaron 14 asesinatos con arma de fuego y un feminicidio por asfixia. También, 348 casos de violencia familiar (física y psicológica) y 11 violaciones sexuales.
“El tema de la violencia en Lima norte es frecuente y cuando las tasas de homicidio son tan elevadas, el riesgo para las mujeres es más alto. La situación de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, en el país, es alarmante”, dice Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo. “Por eso en Barranca la gente está saliendo a reclamar, a querer tomar la justicia con sus propias manos”, añade.
Desde que se detuvo a Julio César Arquinio Giraldo (21), secuestrador y asesino confeso de la pequeña Kelly, muchos han intentado lincharlo. También han surgido grupos que han ido a confrontar a las autoridades y a exigirles acciones inmediatas contra la inseguridad.
El miércoles, por ejemplo, buscaron a la subprefecta de Barranca, Deana Morris. “Hay matanzas a las 10 a.m., cuando uno hace las compras en el mercado”, gritaron. “Hace tiempo se debió declarar Barranca en emergencia”, dijeron.
Según el informe “Homicidios en el Perú, análisis de tendencias”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Barranca sufre por la presencia de bandas criminales, sicarios y extorsionadores vinculados al cobro de cupos en obras o empresas.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio. Esta medida de excepción se declaró en el Callao entre el 2015 y el 2016 y los índices de violencia se redujeron.
