Una nueva contratación en el Proyecto Especial Chinecas vuelve a encender las alertas sobre el uso político del aparato estatal en Áncash. El Gobierno Regional, bajo la gestión de Koki Noriega, ha contratado por un monto de S/ 10,500 soles a Susana Margarita Bustillos Oyanguren, abogada titulada en el 2020, sin más estudios y candidata a regidora distrital del Santa por el movimiento regional AGUA, para ejecutar un “servicio especializado en temas de derecho”.
Según la Orden de Servicio N° 0000111 emitida el 6 de marzo de 2025, Bustillos Oyanguren deberá realizar una evaluación preliminar de aproximadamente 500 expedientes relacionados a la adjudicación de terrenos del proyecto Chinecas, además de elaborar informes y apoyar a la Comisión de Adjudicación de Tierras. Sin embargo, lo que ha generado polémica es que la profesional no registra experiencia previa comprobada en el sector público ni en gestión de tierras, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el verdadero criterio utilizado en su contratación.
Diversos sectores denuncian que esta decisión responde más a cuotas políticas que a meritocracia, perpetuando el uso clientelista de entidades públicas para retribuir favores partidarios. Esta no sería la primera vez que el Gobierno Regional de Áncash, a través del Proyecto Especial Chinecas, incurre en presuntas contrataciones direccionadas, afectando la eficiencia y transparencia en la gestión pública.
“Estamos hablando de más de 500 expedientes cuya evaluación exige experiencia técnica, conocimiento legal especializado y responsabilidad institucional. Encargar esa labor a una persona sin trayectoria en el rubro ni idoneidad comprobada, simplemente por haber postulado con el partido de la gestión regional, es un atentado contra la institucionalidad”, advirtió un extrabajador del propio proyecto.
La contratación fue tramitada mediante una Contratación Menor (CM) y validada por el área de Logística del Proyecto Chinecas, cuya sede está en Campamento Tangay, en el distrito de Nuevo Chimbote. El servicio deberá ejecutarse en un plazo de 90 días calendario, según el documento oficial al que este medio tuvo acceso.
Este hecho se suma a una cadena de críticas que viene recibiendo el Proyecto Especial Chinecas, no solo por el uso discrecional de sus recursos humanos y logísticos, sino también por el estancamiento de su reestructuración y su transformación en una verdadera autoridad autónoma de agua y tierras en la región.
