A las 09:00 de la mañana del pasado viernes 3 de mayo se inició la reanudación a jornada completa de las audiencias del emblemático caso «La Centralita», que en su etapa de control formal de acusación fiscal, lleva adelante la jueza María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El Fiscal Provincial Adjunto, Antonio Arévalo Castillo, hasta ahora no estuvo eficiente, no tuvo precisión en sus acusaciones, razón las cual, ante la evidente incongruencia en varios pasajes de las audiencias anteriores, tuvo que rectificarse y hasta rebajar las penas solicitadas, sin dejar de mencionar que la jueza también en reiteradas ocasiones, le enmendaba la plana, al advertir vaguedades, imprecisiones e inexactitudes, lo que motivó que le devolviera la carpeta fiscal para que subsane las acusaciones y hasta le dio más plazo para que las consolide.
Ya han pasado ocho años que se denunció el caso y la fiscalía ha tenido tiempo más que suficiente para conocer en detalle la temporalidad, lugares y los supuestos delitos del caso, que tiene a 53 personas acusadas, entre la que se encuentra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, considerado el cabecilla de la organización. Al reanudarse la audiencia, nuevamente los fantasmas de la incompetencia y falta de capacidad fiscal vuelven aparecer, y es que muestra las mismas falencias de otras ocasiones, lo que ha permitido que las defensas técnicas, dejen en ridículo al fiscal, desnudando sus limitaciones y escasa preparación profesional para afrontar exitosamente el caso. La propia jueza, ha advertido la debilidad de las acusaciones de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, peculado, entre otras, que van a llegar muy débiles a la próxima instancia, que es la de control sustancial.
Esta situación genera una situación de decepción y desesperanza en resolver un caso, donde se han dilapidado recursos públicos de Áncash, en beneficio de algunos, que llegaron hasta purgar prisión preventiva por 36 meses y que ahora caminan libremente por las calles, inclusive uno de los acusados, Martín Espinal Reyes, ha vuelto ser elegido autoridad y hoy es consejero regional por la provincia de Pallasca. El titular de la acción es el fiscal provincial, Elmer Chirre Castillo, que no se ha aparecido a ninguna audiencia y ha enviado a un inexperto fiscal para este caso, como Antonio Arévalo, que viene realizando un pobre papel no solo en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; sino también, en su deber de velar la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil.
Al término de la audiencia, un fiscal cabizbajo y con rostro de preocupación, y por el otro, como no podía ser de otra manera, los acusados presentes en la sala, se mostraban complacidos y hasta se felicitaban con sus abogados, en señal, que todo estaba saliendo bien, según sus propios intereses.
Ya es hora, que Dra. María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno, intervenga para enmendar rumbos en este caso, que, de seguir así, es previsible, que muchos queden sin sanción o con penas leves, con lo que se dejaría un halo de impunidad en un caso que debería ser ejemplarizador, para todos aquellos que se aprovechan de los dineros públicos. (Jacinto Rojas)
