El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación por el caso conocido como ‘La Centralita’ ante el juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El documento consta de 6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos que habría cometido Cesar Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso y para cada uno de los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso.
Junto a Álvarez, se presentó acusación penal contra los ex congresistas Heriberto Benítes, 22 años de prisión (12 por asociación ilícita, 10 por violencia a la autoridad y 8 por encubrimiento) y Víctor Crisólogo Espejo, 22 años de cárcel (12 por asociación ilícita y 10 por violencia a la autoridad).
Además, al ex jefe de gestión electoral de la ONPE José Luis Cavassa Roncalla, pidió 30 años de cárcel; al ex alcalde del Santa Luis Humberto Arroyo Rojas, 25 años; el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de Áncash Dirsse Valverde Varas, 24 años, y el empresario Martín Belaunde Lossio, 22 años de prisión.
La fiscalía incluye en la acusación a las empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte, A&E Ancash Telecomunicaciones y Constructora Nolberto Odebrecht, como terceros civilmente responsables. Se pide la disolución de las tres primeras empresas involucradas en el delito de lavado de activos. Al concluir la entrega, la jueza deberá notificar la acusación y programar la audiencia de control de acusación.
La acusación presentada por el fiscal supraprovincial anticorrupción Elmer Chirre se sustenta en la declaración de 9 colaboradores eficaces, 14 testigos protegidos, cientos de documentos contables, el historial de cuentas bancarias intervenidas, contratos y diversos peritajes.
En ‘La Centralita’ se incluye a la constructora Odebrecht por los pagos realizados para el contrato de construcción de la carretera Chacas-San Luis, vía depósitos bancarios efectuados en bancos de China, repatriados al país.
La fiscalía establece que en Áncash funcionó un centro de espionaje de opositores políticos y periodistas que fue financiado con fondos sustraídos del Gobierno Regional de Áncash.
El fiscal solicitó al juzgado que disponga el impedimento de salida del país para los acusados que se encuentren en libertad, a fin de asegurar su comparecencia al próximo juicio público.
