La máxima pena de cárcel que permita la ley. Esto es lo que pide la fiscalía para el ex presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar y otras 59 personas que habrían integrado una organización ilícita que se benefició con los fondos públicos de la región.

El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación por el caso conocido como ‘La Centralita’ ante el juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El documento consta de 6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos que habría cometido Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso y para cada uno de los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso.

La entrega de la acusación comenzó el martes último y continuará hoy. Junto a la acusación se presentan 1.973 tomos que suman más de 356 mil folios o páginas. El Poder Judicial exigió a la fiscalía que presente una copia impresa de la voluminosa acusación, para cada uno de los acusados.

Si en el Perú las penas se sumaran como en Estados Unidos, la fiscalía pediría una pena total para César Álvarez de 123 años de prisión, por ocho hechos delictivos. Pero en nuestro país eso no es posible. La sumatoria de penas tiene dos límites: 35 años de cárcel o el doble de la pena del delito más grave.

Álvarez y los otros 59 procesados son acusados de delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos. El delito más grave es lavado de activos, 15 años de prisión. Así, la más grave en una sumatoria es 30 años.

La fiscalía pide que el ex presidente regional de Áncash reciba una condena de 17 años de prisión por asociación ilícita, 15 años por violencia y resistencia a la autoridad, 5 años por colusión, 10 años por peculado y cuatro condenas de 18 años y 9 meses por cuatro hechos de lavado de activos. Pero con los límites de la ley, el pedido alcanza 30 años de prisión efectiva.

– La acusación presentada por el fiscal supraprovincial anticorrupción Elmer Chirre se sustenta en la declaración de 9 colaboradores eficaces, 14 testigos protegidos, cientos de documentos contables, el historial de cuentas bancarias intervenidas, contratos y diversos peritajes.

– En ‘La Centralita’ se incluye a la constructora Odebrecht por los pagos realizados para el contrato de construcción de la carretera Chacas-San Luis, vía depósitos bancarios efectuados en bancos de China, repatriados al país.

– La fiscalía establece que en Áncash funcionó un centro de espionaje de opositores políticos y periodistas que fue financiado con fondos sustraídos del Gobierno Regional de Áncash.

– El fiscal solicitó al juzgado que disponga el impedimento de salida del país para los acusados que se encuentren en libertad, a fin de asegurar su comparecencia al próximo juicio público.