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«La Centralita»: Piden se amplíe prisión preventiva de Martin Belaunde por 36 meses

El fiscal especializado Elmer Chirre solicitó al Poder Judicial ampliar la prisión preventiva de empresario Martín Belaunde Lossio por 36 meses, en el caso La Centralita, a fin de garantizar su sometimiento a la justicia y que no vuelva a fugar.
 
Por este motivo, la jueza Zaida Pérez Escalante, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria convocó para este jueves, 14 de julio, a las 10:00 am, una audiencia en la clínica del Inca, para evaluar la solicitud.
Martín Belaunde cumple actualmente una orden de prisión preventiva de 18 meses, que dictó en mayo del 2014 el juez Richard Concepción Carhuancho. Pero, la medida recién se cumple desde mayo del 2015, cuando Belaunde llegó extraditado de Bolivia, al que huyó al ordenarse su detención.
Es decir tiene 14 meses con prisión preventiva, sin contar el tiempo que estuvo privado de su libertad en Bolivia. La fiscalía no ha querido espera, para pedir la prorroga. En este caso, dada la complejidad del caso La Centralita, sobre corrupción en el gobierno regional de Ancash, el fiscal plantea el plazo máximo extraordinario de prisión preventiva: 36 meses.
Belaunde se encuentra internado en una clínica local desde hace el mes de abril, por problemas de salud. Fue traslado desde el penal de Ancón 1 al presentar un cuadro de  ‘hipertensión arterial no controlada, angina estable, hipertrofia ventricular, barro biliar, síndrome consultivo y ventriculitis, síndrome ansioso depresivo y se recomienda descartar tuberculosis’.
Este viernes 15 de julio se realizaría una junta médica para determinar si debe continuar en un centro hospitalario o regresa a prisión. El INPE ha dicho permanece en ese lugar por prescripción médica, pero no son claros los motivos y oficialmente no hay una explicación concreta del caso.
El empesario negocia un acuerdo de colaboración eficaz con las fiscalias de lavado de activos para declarar y entregar supuestas pruebas incriminatorias contra el presidente Ollanta Humala y la primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, por hechos sucedidos entre el 2005 al 2011.

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