Marisol Pérez Tello expuso este lunes las medidas que tomará el Ejecutivo si es que consigue la confianza del Congreso para legislar en materia de justicia. De tener luz verde, serán concretadas a través de decretos legislativos. Las tres principales serán las siguientes:
1. Modificar el Código Penal para evitar que quienes incurrieron en delito contra la administración pública vuelvan a trabajar en el Estado. La inhabilitación para un funcionario que comete este ilícito es de cinco años. Pérez Tello plantea que se les inhabilite por el doble o triple de la pena. «Recurriremos al principio jurídico de la ponderación de bienes», ha dicho en la sesión.
2. Crear mecanismos para que los ciudadanos denuncien con seguridad los actos de corrupción. «Actualmente, las personas no hacen estas denuncias por diversas razones y hay que corregir esa tendencia. Esto implica darle protección e incentivos a los denunciantes», dijo la ministra.
3. Crear un registro nacional de abogados sancionados por comportamiento irregular. Con esta medida, el Ejecutivo planea evitar que los profesionales que incurran en delitos en cualquier jurisdicción del país migren y busquen colocarse en otro distrito judicial, según la titular de Justicia.
Además, Pérez Tello confirmó durante la reunión con el grupo de trabajo, que se eliminará la prohibición que rige sobre los procuradores para que no den declaraciones a la prensa. (rpp)
