Desde el 1 de abril de 2024 hasta el 29 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) separó a 972 personas (831 docentes y 141 administrativos) que tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio, entre otros delitos, y que trabajaban en 844 instituciones educativas públicas y 128 privadas.
Un total de 162 docentes y administrativos con condenas del Poder Judicial han sido separados definitivamente, mientras que 810 docentes y administrativos, que están siendo procesados, han sido separados preventivamente.
De estas personas, 815 (703 docentes y 112 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 75 (62 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo; 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.
Asimismo, 11 (2 docentes y 9 administrativos) cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; 2 docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.
El ministro de Educación, Morgan Quero, señaló que el Minedu trabaja de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a las personas que son un riesgo para los estudiantes, con el objetivo de hacer de las escuelas lugares seguros.
La separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.
Además de las separaciones impuestas, el Minedu mantiene bloqueados a 2086 docentes, denunciados por presuntas faltas muy graves, entre ellos violación sexual y terrorismo. Estos docentes están impedidos de ser contratados o nombrados en las instituciones educativas del país. Esta medida tiene como único propósito resguardar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes.
