Hay muchas modalidades de corrupción, cada cual tiene su dinámica, y por lo tanto formas diferenciadas de prevenirla, combatirla y sancionarla.
Lo más descarado es apropiarse directamente de dinero público. César Álvarez y Martín Belaunde Lossio por ejemplo son acusados, el primero, por haber usado dinero de la región para que la línea editorial de los medios de comunicación asociados al segundo tuvieran una cobertura favorable a aquel. Para la ciudadanía es evidente y escandaloso que ese dinero podría haberse usado a su favor, no a favor de los intereses mafiosos del gobernador de la Región.
Pero proliferan en los últimos años, de presupuestos más abultados, formas más sutiles. Por ejemplo, cobrar una “comisión” para favorecer a privados a través del gasto o contratación estatal. Cuando estos pagos inflan los costos resulta evidente que se está perdiendo dinero público, pero ello no necesariamente ocurre; el privado puede asumir esos costos y reducir su margen de ganancia, a cambio de tener una relación “privilegiada” con el poder. Aparentemente, “nadie” resulta perjudicado: no se tocan dineros públicos, las obras se contratan y los servicios se proveen. Se pierde eficiencia, se perjudica el clima de negocios, conceptos abstractos y más difíciles de aprehender por los ciudadanos.
Este tipo de corrupción suele desbaratarse por el uso posterior del dinero. Para mantener esos flujos, César Álvarez se propuso perpetuarse en el poder, para lo cual habría financiado una extensa red criminal, que habría llegado hasta el asesinato de opositores. El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, habría empezado a invertir el dinero apropiado en la compra de diversas propiedades, y su pareja en diferentes formas de consumo suntuario.
Pero hay formas más “discretas” de usar el dinero; por ejemplo, financiar la actividad política. Y una vez que el dinero permite construir alternativas políticas viables, “la plata llega sola”, y diversos intereses privados “aportan” para tener “buenas relaciones” con la elite política.
Una vez en el poder, hay muchas formas para retribuir esa “buena voluntad”: pequeños ajustes en los términos de la convocatoria de un concurso o licitación, por ejemplo. Ese “intercambio de favores”, es una forma de corrupción, va en contra de la equidad, de la libre competencia y de la transparencia, y nuevamente, es difícil de detectar en tanto no implica apropiación directa de fondos públicos. Esta práctica podría ser denunciada por empresas perjudicadas, pero en ocasiones las empresas se cartelizan (actúan concertadamente) y en otras evalúan que no es conveniente enemistarse con el Estado.
En Brasil los alcances de estas prácticas están empezando a conocerse en toda su magnitud, y sin duda tendrán grandes repercusiones sobre nuestro país. Odebrecht, Camargo y Correa, OAS y Queiroz Galvao han tenido relación con los tres últimos gobiernos nacionales, y varios gobiernos regionales y alcaldías provinciales, que cruzan todo el espectro político.
Martín Tanaka/larepublica
