Han pasado 14 años desde que, en el 2002, el Gobierno transfirió las competencias de fiscalización de la minería pequeña y artesanal a los gobiernos regionales. Esto dentro del inicio del proceso de descentralización. Hoy, la evaluación del desempeño de estos gobiernos evidencia que su labor ha sido ineficiente.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó ayer los resultados de una inspección realizada en el 2015. Este organismo ha fijado una escala de 20 puntos para medir el nivel de eficiencia en materia de fiscalización ambiental.

Solo las regiones de Piura (11,47), Cajamarca (11,08) y San Martín (11,08) aprobaron con nota mínima la inspección. Las regiones con menor puntaje son Áncash (3,78), La Libertad (4,69) y Callao (4,97).

Renzo López, funcionario del OEFA, detalló que en la medición se ha incluido la verificación de información brindada por titulares de concesiones mineras, el inicio de procedimientos sancionadores contra quienes incumplan la ley y la presentación de información al Ministerio Público en caso se detecten irregularidades.

“En la mayoría de casos, los gobiernos regionales no intervienen con sanciones, como los obliga la ley”, explicó López.

Madre de Dios, una de las regiones con mayor incidencia de este ilícito, figura entre los mejores cuatro gobiernos de la lista por sus acciones de supervisión porque el estudio no incluye la evaluación de los resultados contra minería informal.

Problema compartido

El abogado especialista en temas ambientales César Ipenza consideró que la deficiente fiscalización no es solo responsabilidad de las regiones, ya que el Gobierno Central no ha cumplido con transferir los recursos y el personal capacitado.

Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo, sugirió apostar por  mejorar la coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales tomando en cuenta las características de cada uno.