El 18 de agosto de 2025, la provincia de Huarmey se paralizará. Un paro provincial cívico ha sido convocado por agricultores con invitación a los gremios de la sociedad civil.
¿La razón? La paralización de las obras de defensa ribereña del río Huarmey, un proyecto crucial para la seguridad y el desarrollo del Valle de Huarmey, así como de la ciudad capital. Este paro no es solo una protesta local, es un llamado de atención con eco en toda la región Áncash y en el país.
El proyecto de infraestructura de defensa ribereña que se viene ejecutando a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y tiene como gestora a la contratista OHLA, es de vital importancia para prevenir desastres en Huarmey, como el que ocurrió durante el fenómeno del Niño Costero en 2017. La inacción y los retrasos en una obra tan sensible, no solo ponen en riesgo la vida y los bienes de miles de huarmeyanos, sino que también socavan la confianza en las instituciones del Estado y en la capacidad de las empresas para cumplir con sus compromisos.
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DEVENIR PARA LA REGIÓN Y EL PAÍS
Las consecuencias que podría ocasionar este conflicto van más allá de las fronteras de Huarmey:
IMPACTO ECONÓMICO: La paralización de esta obra en la provincia genera un efecto dominó. El bloqueo de la carretera Panamericana Norte, una arteria vital del país, afectaría el transporte de productos, el turismo y la economía en general. La paralización de las actividades comerciales y agrícolas en Huarmey y el Valle (uno de los productores de alimentos en la región), tendrá un impacto directo en la cadena de abastecimiento de Áncash y otras regiones por el bloqueo de vías.
RIESGO SOCIAL: La frustración y la indignación de la población ante una posible represión, puede escalar a un conflicto mayor. La falta de respuestas concretas y la percepción de abandono por parte de las autoridades solo profundizan más la brecha entre el Estado y los ciudadanos. Esto genera un ambiente de inestabilidad que podría resultar en actos de violencia colectiva, afectando la paz social.
PÉRDIDA DE CONFIANZA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA: El caso de Huarmey es un ejemplo de la ineficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura en el país. La paralización de las obras a cargo de la ANIN y OHLA, siembra dudas sobre la gestión eficiente de los recursos públicos y la capacidad del Estado para garantizar la ejecución exitosa de proyectos de gran envergadura. Esto ahuyenta la inversión privada y desincentiva la participación en futuros proyectos, afectando el desarrollo a largo plazo.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ESTADO, LA CONTRATISTA Y LA SOCIEDAD CIVIL HUARMEYANA ¡ESTE ES EL RESULTADO!
El paro del 18 de agosto no es solo un problema local. Es un síntoma de una enfermedad más profunda: la ineficacia, la falta de transparencia y la incapacidad en la gestión pública. La ANIN y la contratista OHLA tienen la responsabilidad de responder a la población de Huarmey, nunca funcionó la COMUNICACIÓN con la sociedad civil, ahora las consecuencias de esa negligencia, puede resultar fatal.
Es urgente que el gobierno nacional intervenga, no con promesas vacías, sino con soluciones concretas y un plan de acción claro y transparente que garantice la reactivación inmediata de las obras. Huarmey no pide un favor, exige un derecho: el de vivir en un lugar seguro y el de tener la garantía de un desarrollo sostenible. Ignorar este llamado, es poner en riesgo no solo a una provincia, sino a la estabilidad de toda la región y, en última instancia, del país.
Por: Lic. Yuri Mejía Morante.
