En la Comisión de defensa del Consumidor del Congreso, Antonio Angulo, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), indicó que las empresas de electricidad no pueden realizar una revisión de los medidores de energía y electricidad, aspecto reflejado futuro cobro del servicio.
Ello a raíz del cuestionamiento de algunos parlamentarios en que este cobro iba a determinarse en base al promedio de los últimos 6 meses para los usuarios y empresas.
Como señala Angulo, la suspensión de actividades incluyó la lectura de los medidores, mientras que “a alguien se le ocurrió en el Poder Ejecutivo emitir un Decreto de Urgencia y decir que se les cobre el promedio de los últimos 6 meses. No fue una decisión del regulador, no lo hemos aprobado”.
Añadió que esta norma hace que “las empresas (de energía eléctrica) no estén facturando» los montos reales de consumo, como en el caso de compañías de distintos rubros que han detenido operaciones por el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19.
Sostuvo que aún así, se está pidiendo a las empresas de electricidad que tomen “consideraciones” para las facturaciones. Asimismo, detalló que se han encontrado más de 500 casos mal facturados.
Por su parte, Julio Salvador, gerente general de Osinergmin, señaló que durante el estado de emergencia se viene monitoreando la continuidad del servicio público de energía eléctrica, además que desde este mes junio se notará el fraccionamiento de 24 cuotas mensuales en los recibos de usuarios en situación vulnerable, específicamente en 4.728.054 usuarios de servicio público de electricidad y 965.167 usuarios residenciales de gas natural.
Además, explicó que las principales inconformidades de las personas con este servicio es la interrupción del servicio eléctrico.
