La Contraloría General determinó un perjuicio de S/ 698 mil en la Municipalidad Provincial de Pallasca tras la ejecución del servicio de mantenimiento del camino vecinal Ancos-Santa Rosa en el 2020; hecho generado por deficiencias en el plan de trabajo, pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados e inaplicación de penalidades.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 009-2022-2-0341-SCE, la comuna provincial otorgó conformidad al plan de trabajo del mencionado servicio, a pesar que el contratista presentó parcialmente la documentación de planos e información del inventario vial, y no efectuó las respectivas prospecciones de las canteras.
Es decir, el plan de trabajo no contaba con suficiente información para garantizar la calidad y durabilidad de los materiales empleados; no obstante, fue aprobado mediante acto resolutivo de la comuna provincial, sin contar con la opinión técnica favorable del inspector del servicio e incumpliéndose los términos de referencia de las bases del procedimiento especial de selección, aprobados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Además, durante la ejecución del servicio de mantenimiento de la vía, se otorgó conformidad y pagó tres valorizaciones sin considerar las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; ya que se detectó el incumplimiento de los parámetros de granulometría y compactación requeridos en el Manual de Carreteras para la partida referida al material granular afirmado; situaciones que han ocasionado el desgaste prematuro del camino vecinal.
La comisión de control verificó que no se cumplió con las actividades correspondientes a la partida de recuperación ambiental de áreas ocupadas. Tampoco se aplicó el cobro de penalidades por la presentación extemporánea del informe final del servicio, tal como lo establece el contrato de ejecución del mismo.
El informe fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pallasca y comunicado al titular y Procurador Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de los procedimientos administrativos y acciones legales penales respectivamente, contra los dos funcionarios involucrados en los hechos irregulares.
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