El Tribunal Constitucional (TC) declaró por mayoría inconstitucional la Ley 31131, que disponía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728.
El pleno del Tribunal consideró que la Ley 31131 es inconstitucional por infringir las disposiciones de la Constitución referidas a la prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos, al principio de equilibrio presupuestal y a la competencia del Poder Ejecutivo para “administrar la hacienda pública”.
“Es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de “dirigir la política general del Gobierno” (artículo 118, inciso 3, de la Constitución)”, sostuvo a través de un comunicado.
También argumentó que la mencionada norma, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, «sacrifica la meritocracia, entendida como un principio basilar del acceso a la función pública».
“La incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el sector público”, agregó.
La Ley 31131 prohibía la contratación de personal CAS y para quienes estaban contratados bajo esa modalidad les otorgaba el carácter de indefinidos, y deberían pasar a los regímenes de la actividad privada en el Estado o de la carrera pública tradicional.
El gobierno del presidente Francisco Sagasti presentó una demanda ante el TC alegando que afectaba la política laboral y de servicio civil del Estado.
No obstante, la gestión de Pedro Castillo decidió retirar la acción de inconstitucionalidad de la anterior gestión, sin embargo, la demanda siguió su curso.
Vale indicar que un total de 356 mil 817 trabajadores estatales que se encuentran bajo el régimen de CAS esperaban que el TC declarase legal la norma.
