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viernes, marzo 29, 2024
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Poder Judicial: Áncash es la segunda región con más funcionarios procesados por corrupción

El Poder Judicial dio cuenta de un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones.

Después de Lima, la región que lidera el ranking oscuro de la corrupción es Áncash. Solamente en esta jurisdicción hay 2 mil 513 servidores del Estado que deben responder ante la justicia por ilícitos penales.

No en vano la Contraloría General de la República ha instalado en esta jurisdicción dos oficinas regionales: una en Huaraz y otra en Chimbote. Una estructura orgánica similar ha implementado el Ministerio Público, con sedes desconcentradas en ambas provincias.

La ciudadanía de Áncash acudirá el 7 de octubre a las urnas y tendrá como principal reto elegir a un gobernador que ya no termine en prisión. Y es que en la actualidad tres ex gobernadores están tras las rejas. El más conocido: César Álvarez, inquilino de Piedras Gordas.

El líder del otrora movimiento regional Cuenta Conmigo, es procesado por la obra vial Chacas-San Luis, que fue ejecutada por Odebrecht. El proyecto había sido licitado por 404 millones de soles, pero al final fue ejecutado por 559 millones de soles. 155 millones de soles de incremento.

Álvarez también es investigado por La Centralita, un caso en etapa de juicio oral que compromete a más de setenta implicados.

Tras la caída de Álvarez y con las nuevas elecciones, los ancashinos eligieron como nuevo gobernador a Waldo Ríos, polémico personaje que engañó en campaña con el cuento de los 500 soles por familia y que ahora está en prisión por un caso de corrupción que arrastraba desde que era alcalde. Su sucesor, Enrique Vargas, también fue sentenciado. Su movimiento regional Puro Áncash tiene inscripción vigente.

Hoy la región es gobernada por Luis Gamarra, contra quien también ya se ventilan acusaciones. En diálogo con La República, el consejero Mario Vega Antonio denunció, por ejemplo, que la mayoría del Consejo Regional aprobó en diciembre una ordenanza sin revisar ni siquiera el borrador. El objetivo: permitir la contratación de los jefes de las unidades ejecutoras sin concurso.

 

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