Un informe emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República advirtió que el Comité de Contratación adjudicó una plaza administrativa a una postulante que mantenía un vínculo de convivencia con el propio presidente del comité evaluador, situación que comprometería la legalidad y transparencia del proceso.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 001-2026-OCI/4536-SOO, la postulante Zully Vanessa Escudero Retuerto fue declarada apta y posteriormente adjudicada para ocupar la plaza de Estadístico I dentro del proceso de contratación de personal administrativo bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276 para el año lectivo 2026.
La Contraloría señala que la propia postulante declaró en su documentación mantener una relación de convivencia con Edward Henry Carranza Villanueva, quien se desempeñaba como presidente titular del Comité de Contratación. A pesar de ello, el funcionario solo presentó una «inhibición parcial», manteniendo participación en la evaluación de los demás postulantes que competían por la misma plaza.
Según el órgano de control, la Ley N.° 27444 establece que cuando existe un vínculo de parentesco o convivencia con alguno de los administrados, la autoridad debe abstenerse totalmente de intervenir en el procedimiento. Por tanto, la participación parcial del presidente del comité habría permitido que continuara influyendo en el resultado final del concurso.
El informe también precisa que existía un presidente suplente formalmente designado mediante Resolución Directoral N.° 000019-2026-UGEL-P, emitida el 20 de enero de 2026, quien podía asumir plenamente la conducción del proceso. Sin embargo, el comité decidió mantener a Carranza Villanueva en funciones durante parte de la evaluación.
Para la Contraloría, esta actuación podría vulnerar la Ley N.° 31299, que amplía los supuestos de nepotismo en la administración pública y busca garantizar los principios de meritocracia, igualdad de oportunidades, transparencia y correcta administración de los recursos públicos.
Contraloría exige medidas correctivas
Como resultado de la intervención, el OCI identificó dos situaciones adversas dentro del proceso de contratación y recomendó a la directora de la UGEL Pomabamba, Rosana Claudia Malpaso Morales, adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas para salvaguardar la legalidad del concurso.
Asimismo, la entidad deberá informar al Órgano de Control Institucional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas adoptadas respecto a las observaciones formuladas.
