Solo 25 por ciento de las 655 entidades públicas implementó su Sistema de Control Interno que le permite prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en sus operaciones institucionales, indicó hoy la Contraloría General de la República.
A pesar de las múltiple ventajas de esta mecanismo de control, indican, continúa siendo bajo el nivel de implementación del Sistema de Control Interno a nivel del Estado, que tiene como objetivo impulsar una gestión eficiente y transparente, lo que incide en la calidad de los servicios a la población.
La medición anual realizada en el 2014 reveló que a nivel del gobierno central el nivel de cumplimiento sólo alcanza el 36 por ciento en promedio, de un rango de 0 a 100. A nivel de gobiernos regionales y locales la implementación es menor, alcanzando el 20 por ciento en promedio.
Hace nueve años, el gobierno promulgó la Ley del Control Interno de las Entidades del Estado, que obliga a las entidades a implementar y mantener controles internos en todas las operaciones institucionales
La Contraloría General ha logrado que se incorpore en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2016 una disposición para que todas las entidades públicas, en los tres niveles de gobierno, implementen obligatoriamente el Sistema de Control Interno en un plazo máximo de tres años.
Además, en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2016, se ha propuesto una meta referida al Control Interno para entregar incentivos económicos a quienes cumplan con su implementación, lo que permitiría que 250 gobiernos locales tengan oportunidades de obtener mayores recursos.
«Implementar un Sistema de Control Interno no requiere aumentar el presupuesto ni hacer horas extra. Solo se necesita voluntad política, liderazgo y compromiso por mejorar la gestión pública en beneficio del ciudadano» , indicó la Contraloría.(Andina)
Actualmente, la Contraloría realiza un acompañamiento a quince entidades de los tres niveles de gobierno para que implementen el control interno focalizado en el proceso de contratación, uno de los temas más sensibles en la gestión pública.
Este piloto tiene como objetivo que estas entidades fortalezcan e institucionalicen el control interno dentro de sus organizaciones, evitando posibles riesgos en la administración de los recursos públicos que administran.
La Contraloría es responsable de brindar los lineamientos para que las entidades implementen sus controles internos, siendo el Sistema Nacional de Control responsable de evaluar su implementación.