Durante un desalojo judicial en Cochahuain, provincia de Yungay, se vivió un clima de tensión y preocupación. La Policía Nacional del Perú llevó a cabo el operativo en cumplimiento de una orden judicial, pero la presencia de civiles encapuchados generó inquietud entre los vecinos. Estos individuos, que no portaban identificación ni uniforme, fueron observados acompañando a los agentes policiales, lo que llevó a cuestionamientos sobre su legitimidad y el papel de la policía en su inclusión.

Los testigos manifestaron su preocupación, señalando que la Policía brindó seguridad a personas de origen desconocido durante el desalojo. La situación se tornó crítica, especialmente para los ocupantes de la vivienda, donde se encontraban menores de edad que sufrieron desmayos debido al nerviosismo y al uso de bombas lacrimógenas. Un herido fue reportado, quien recibió atención médica por una lesión en la cabeza.

El operativo ha suscitado un intenso debate en la comunidad local, centrado en el rol de los civiles encapuchados y las condiciones en las que se llevó a cabo la intervención, especialmente en presencia de familias y niños. La situación ha dejado a la población cuestionando la transparencia y la seguridad de los procedimientos judiciales y policiales en la zona.