La Contraloría General detectó que el mantenimiento vial periódico del camino vecinal Cuirap, Qurun y La Trinidad, en la provincia de Aija, no se realizó en el tiempo programado de 30 días sino en un plazo injustificado de 13 meses, lo que afectó el normal desplazamiento de los pobladores de los distritos de Aija y La Merced. A pesar del incumplimiento, la municipalidad provincial realizó el pago, sin aplicar penalidades al contratista.
Sobre estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de ocho exfuncionarios y servidores públicos. Por ello, el informe fue notificado al procurador público especializado en delitos de corrupción y al actual alcalde provincial de Aija para el inicio de las acciones legales correspondientes.
De acuerdo al informe de control específico N° 016-2024-2-0331, el servicio a cargo del gobierno provincial se realizó entre el 2020 y 2022 con una inversión de S/ 314 835. Asimismo, contemplaba la elaboración del plan de trabajo, el mantenimiento periódico (30 días) y el mantenimiento rutinario (360 días) de la vía.
Con este servicio se buscaba asegurar la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro, con la finalidad de reducir los costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población; sin embargo, las innecesarias suspensiones en su ejecución perjudicaron a la ciudadanía que se trasladaba por esa vía.
Debido a los retrasos injustificados, los trabajos de mantenimiento rutinario de la carretera iniciaron recién en enero de 2022 y no se ejecutaron en su totalidad, a pesar que la entidad municipal sí contaba con recursos para ello. Los trabajos fueron culminados cuando presentaban un 76% de avance, revirtiéndose el restante de los recursos económicos asignados al tesoro público.
A ello se suma que el residente del servicio haya negado su participación en los trabajos y rechazado haber firmado contrato con el consorcio a cargo de mantenimiento.
Pese a todas las observaciones, la Municipalidad Provincial de Aija autorizó el pago a favor del contratista sin aplicar ninguna penalidad ni deducir gastos generales, que no correspondía reconocerle al consorcio.
