Ha pasado un año desde que, tras una audiencia de más de 16 horas continuas, el entonces titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Richard Concepción, ordenó la prisión preventiva por 18 meses de César Álvarez Aguilar, ex presidente regional de Áncash, su ex asesor de imagen y cuatro periodistas chimbotanos. Todos ellos investigados desde el 2011 por presuntamente integrar la más grande red de corrupción en esta región. Es el caso denominado ‘La Centralita’.
En ese agotador 28 de mayo no solo se ordenó la captura de Álvarez, sino también la ampliación de la investigación por peculado, lavado de activos, colusión y asociación ilícita a 56 implicados más, entre ellos Martín Belaunde Lossio.
Para el fiscal que solicitó la prisión de 62 personas, Laureano Añanca Chumbe, existían [y existen] graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión de hechos delictivos por parte de una presunta red criminal integrada por funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, policías, periodistas, fiscales, jueces y sicarios. Las pruebas y testimonios de un testigo clave fueron determinantes para que en un solo día se ordene la prisión preventiva de 25 investigados.
BURLAN A LA POLICÍA
Desde mayo del año pasado al menos 20 implicados en el Caso ‘La Centralita’ siguen prófugos. Aunque al inicio la Policía Nacional aseguraba que un equipo especial los buscaba, pocos han sido capturados.
Sin temor de ser capturada, el último viernes, la periodista chimbotana Rosa Olivares [desde el año pasado con una orden de prisión preventiva por 18 meses] apareció alegando su inocencia durante una entrevista en vivo en Canal N. “Yo nunca he trabajado para el gobierno regional”, sostuvo.
Desde la clandestinidad o en la cárcel varios investigados presentaron hábeas corpus contra el juez Richard Concepción, ahora titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
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