Esta mañana el consejero por la provincia de Recuay, Yover Montoya Castillo, se armó de valor para denunciar por presunta organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, negociación incompatible y otros contra 4 funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ancash (DREA).
La denuncia es contra Fredy Miranda Sánchez, director de Gestión Pedagógica; Erick Genebroso Valverde, responsable de Abastecimientos; Gonzalo Maguiña Matos, servidor del PREVAED y Franklin Milla Tuya, representante del Consorcio San Miguel Arcángel y en los próximos días ampliarían la denuncia contra la misma titular del sector Nancy Dolores Anaya.
Según el Informe de Control Específico N° 024-2024-2-0706-SCE de la Contraloría General de la República, existiría una presunta organización criminal operando dentro de la entidad, involucrada en diversas actividades ilícitas que han causado un grave perjuicio económico y han puesto en riesgo la integridad de la gestión pública en la región.
La Contraloría revela que funcionarios y servidores de la entidad elaboraron términos de referencia para la contratación del servicio de diseño y desarrollo de una plataforma e-learning para los Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública (IESTP) de la región Ancash.
Sin embargo, estos términos habrían sido manipulados para reducir las características técnicas del servicio y no considerar las verdaderas necesidades de los institutos. Además, se realizó una indagación de mercado deficiente, comprometiendo la transparencia y la competitividad del proceso de selección.
Durante el proceso de selección, se rechazaron ofertas de empresas con experiencia en servicios similares y que presentaron mejores propuestas económicas. En cambio, la buena pro fue otorgada al Consorcio San Miguel Arcángel, que no habría acreditado experiencia relevante y que, además, incluía a una empresa impedida de contratar con el estado. Este hecho es particularmente grave, ya que evidencia una manipulación deliberada del proceso de contratación para beneficiar a un consorcio específico, en detrimento del interés público.
El informe también señala que se otorgó conformidad y se realizaron pagos sin que se cumpliera con la implementación de la plataforma e-learning y sin contar con la conformidad de los 25 directores de los IESTP. Esta negligencia resultó en un perjuicio económico de S/. 215,756.84, afectando gravemente los recursos destinados a la educación tecnológica en la región.
Lo más preocupante de esta situación es la aparente ceguera que Nancy Dolores Anaya, titular de la Dirección Regional de Educación de Ancash, brindaría a esta supuesta organización criminal. Lejos de sancionar y denunciar a los responsables, parece estar blindándolos, lo que genera un clima de impunidad y perpetúa las prácticas delictivas dentro de la entidad.
Los hallazgos del Informe de Control Específico N° 024-2024-2-0706-SCE de la Contraloría son un llamado urgente a la acción. Es imperativo que se tomen medidas drásticas para desmantelar esta evidente organización criminal y sancionar a los responsables.(Hugo Gonzales Henostroza)
