La Contraloría General de la República evidenció un perjuicio económico por S/ 225 000 en la Dirección Regional de Educación Áncash como consecuencia de irregularidades en la instalación de una plataforma virtual para mejorar la calidad de enseñanza en 25 Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública (IESTP) de la región, la misma que no se realizó de forma oportuna, integral ni satisfactoria, pese a lo cual se pagó y permanece inoperativa sin que cumpla su finalidad pública.

Según el Informe de Control Específico n.° 021-2025-2-0706-SCE (periodo de evaluación del 24 de octubre de 2023 al 03 de julio de 2024) la dirección regional contrató el año 2023 un servicio especializado para desarrollar un software a fin de implementar una plataforma virtual de aprendizaje; no obstante, durante el proceso de contratación, el comité de selección descalificó de manera irregular a un postor que cumplía con todos los requisitos y cuya oferta económica era menor a la del postor ganador. En su lugar, otorgó la buena pro al contratista que no acreditó la experiencia mínima requerida para el personal clave (jefe de proyecto) ni la experiencia específica de la empresa.

También se reveló que el contrato se perfeccionó sin que la empresa presentara la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza), en la fecha indicada tal como exige la normativa vigente, permitiéndole regularizar posteriormente dicha documentación, por lo que correspondía anular la buena pro.

Cabe precisar que, en abril del 2024, a través de informes emitidos por los directores de los IESTP de Cabana, Chacas, Huarmey, San Nicolás, Llamellín, entre otros, se confirmó que, a tres meses del cumplimiento del plazo de prestación del servicio, la plataforma virtual permanecía inoperativa, pues carecían de accesos para el ingreso a la plataforma.

Entre tanto, los directores de los IESTP de las provincias de Carhuaz, Huaylas, Ocros, Aija, Antonio Raimondi, Santa, Yungay y Mariscal Luzuriaga, advirtieron que dicha plataforma virtual no cumplía con los requerimientos técnicos básicos, impidiendo su uso pedagógico. Asimismo, informaron la falta de asistencia técnica y/o capacitación por parte del proveedor.

Por estos hechos tres servidores públicos de la entidad regional tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa. Los resultados del informe fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones correspondientes.