La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa ha solicitado una pena de siete años de prisión para los exgobernadores de Áncash, César Álvarez Aguilar y Juan Carlos Morillo Ulloa, por presuntos actos de corrupción relacionados con la obra del canal integrador Santa-San Bartolo. César Álvarez es acusado de colusión como autor, mientras que Juan Carlos Morillo, actual candidato a gobernador, enfrenta la misma imputación en calidad de cómplice debido a su rol como gerente de la empresa JJM Minería & Construcción S.A.C.
El requerimiento también incluye a varios exfuncionarios del Proyecto Especial Chinecas y representantes de empresas involucradas en el proyecto, Entre ellos figuran Juan Cortez Chicoma, Hugo Rojas Rubio, Arnulfo Moreno Corales, Víctor Cerna Baes, Elvis Camarena Luna, Álvaro Saldarriaga Condoy, César Ferre Rodríguez, Gustavo Romero Gómez y Enrique Villa Espinoza, como presuntos autores; así como Francisco Argumedo Estay, Francisco Argumedo Druet, Yuri Manrique Rivera y Dulio Ayaipoma Nicolini y Janeth Morillo Ulloa, hermana de Juan Morillo y actual candidata a vicegobernadora regional por Somos Perú, en calidad de cómplices.
Además, se ha solicitado la inhabilitación de todos los acusados para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la condena.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó que todos los acusados sean inhabilitados para ejercer función pública por el mismo periodo de la eventual condena.
En el mismo requerimiento, la Fiscalía pidió el sobreseimiento por el delito de negociación incompatible para Yordan Baldoceda Ponce, Víctor Caballero Moreno, Dante Jiménez Mejía, Ismael García Rivera, Alejandro Alvarado Salas, Samuel Minaya Prieto, Aldo Mautino Bastos y Fernando Luna Victoria, al considerar que la acción penal prescribió.
La investigación revela que hubo irregularidades en la ejecución del proyecto, incluyendo la falta de sustento técnico y la aprobación de pagos indebidos que contravienen la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó un perjuicio económico significativo al Estado.
Se destaca que el expediente técnico fue elaborado sin la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública, y que el presupuesto del proyecto se incrementó considerablemente sin que la obra se completara. La supervisora CESEL también es señalada por haber cobrado la totalidad de su contraprestación a pesar de no haber cumplido con la supervisión completa de la obra. La audiencia de control del requerimiento mixto está programada para el 21 de julio.
