Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28,36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos. La Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros solo intervino en 29 casos.

La mayor cantidad de conflictos sociales vinculados al agua se ubica en Áncash (20) y Lima (13); le siguen Cajamarca, Cusco y Puno (12), Loreto (11), Apurímac, Ayacucho y Junín (8). El estudio determina que estas regiones son también las que tienen mayor número de pasivos ambientales mineros.

El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, explicó que la causa principal de esta problemática es el temor a la supuesta afectación a la calidad del recurso.

“La defensoría recomienda la creación de más consejos de cuenca, espacios en los que participan los actores vinculados a la gestión del agua. Actualmente solo hay seis que son insuficientes para contribuir con la gestión de los conflictos sociales. Se necesitan duplicar y fortalecer estos consejos”, sostuvo .

Conflictos activos
Un caso emblemático de un conflicto que se mantienen latente es Conga, en Cajamarca, donde, a decir del vocero de la defensoría, la población percibe que se pueden perder dos lagunas, porque el recurso mineral se encuentra en una de ellas y la otra iba a servir de depósito de los desechos.

Otro problema vigente involucra a la población de la provincia de Espinar (Cusco), que exige a la Compañía Minera Antapaccay S.A. y al Estado la atención de la contaminación de fuentes de agua que habrían sido afectadas.

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