Un estudio económico ha identificado que, en Áncash, más de 708 mil personas (59% de la población) enfrentan una realidad económica difícil que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida. De ese grupo, casi 274 mil ancashinos ya viven en situación de pobreza, según reporte del INEI. Pero no son los únicos en riesgo.
Hay otras 435 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, se concluye que 6 de cada 10 habitantes en la región viven en pobreza o están en riesgo constante de caer en ella.
Aunque la pobreza bajó 2.2% respecto a 2023, la mejora sigue siendo insuficiente. “El aumento en los ingresos ha sido mínimo y el costo de vida se ha seguido encareciendo, por eso muchas familias no sienten que su situación haya mejorado. Esta reducción es más un rebote tras el mal año económico de 2023. Aún estamos peor que en 2022 y aún más graves que antes de la pandemia. Si seguimos avanzando tan lento, podrían pasar 20 años para volver al nivel de pobreza de 2019, que era del 18% en la región”, explicó César García, economista de REDES.
Es necesario resaltar que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, vivienda, transporte y otros gastos básicos. Hoy, de acuerdo con datos a nivel nacional, se estima que una familia promedio necesitaría contar con al menos S/1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo de ese monto, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.
Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de trabajos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza”, apuntó el economista.
Precisamente, el 98% de quienes viven en pobreza extrema trabajan en el sector informal. Este grupo, que incluye a unos 70 mil ancashinos, no pueden cubrir una canasta mínima de alimentos (S/ 1,024 para una familia). Además, son quienes más sufren por la falta de comida, problemas de salud y dificultades para acceder a una buena educación. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios básicos: solo el 17.3% tiene agua segura, y menos del 20% cuenta con conexión a internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo.
“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con enfoque en las provincias más golpeadas y reglas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó García.
