Un informe de hoja de vida revela que al menos siete candidatos al Consejo Regional de Áncash por el partido Podemos Perú, en la lista encabezada por Beto Barrionuevo, tienen sentencias judiciales en su contra. Los casos incluyen condenas por violencia familiar, incumplimiento de pensión de alimentos, lesiones culposas, difamación y delitos contra la administración pública. Y aún así quieren representar a sus provincias para poder supuestamente fiscalizar.
Los candidatos sentenciados son:
Jhon Eriberto Peña Llanqui, actual consejero regional, registra dos sentencias en materia de alimentos. La primera, del año 2009, le fijó una pensión de S/150 mensuales, y la segunda, en 2010, elevó el monto a S/180. Sus ingresos declarados ascienden a S/15,000 anuales, y posee dos inmuebles y dos vehículos valorizados en conjunto en S/89,000.
Hector David Gutiérrez García, accesitario, tiene una sentencia por violencia familiar y demanda de alimentos en porcentaje, del año 2016. Declara ingresos anuales de S/13,560 y no posee bienes inscritos.
Lelis Nicanor Valladares Melgarejo, consejero regional, fue sentenciado por el delito de lesiones culposas, con una pena de 3 años suspendida que cumplió en 2011. La ONPE archivó un procedimiento administrativo en su contra en 2022 , aunque se dispuso el inicio de otro proceso sancionador . Declara ingresos anuales de S/42,000 y posee un terreno y dos vehículos.
Ramón Julián Veramendi Anaya, accesitario, registra una sentencia por el delito de libramiento indebido (artículo 215, inciso 1, sin provisión de fondos), con 4 años de pena suspendida del año 2010. Su único bien declarado es un inmueble valorizado en S/20,000.
Vidal Félix Jamanca Cueva, consejero regional, tiene tres sentencias: por difamación (reserva de fallo, año 2010), encubrimiento personal (año 1999) y un caso civil por alimentos (2016). Pese a declarar ingresos anuales de S/57,000, no registra bienes a su nombre.
David Alberto Carranza Clemente, consejero regional, tiene tres sentencias: dos por alimentos (años 2004 y 2010) y una por violencia familiar (año 2023). Sus ingresos declarados son S/16,572 anuales, y posee dos vehículos por un valor total de S/8,600.
Rildo Loyola Minaya, consejero regional, fue sentenciado por el delito de violación sexual (artículo 173) en el año 2003, con pena suspendida que cumplió. Posteriormente obtuvo rehabilitación. Declara ingresos por S/20,648 y posee un inmueble y una motocicleta.
La presencia de candidatos con este tipo de antecedentes plantea cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de idoneidad para ocupar cargos públicos, particularmente en el caso de quienes han sido sentenciados por delitos que atentan contra la familia y la administración de justicia. (Daniel Enrique Jaimes Caceres)
