La suerte de Alejandro Toledo está en manos del Poder Judicial. La tarde de este martes, el Ministerio Público hizo el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente. La solicitud fue recibida y se encuentra en mesa de partes de la instancia judicial. El pedido será resuelto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

El letrado tiene 48 horas para convocar a una audiencia con las partes interesadas, a fin de que expongan sus argumentos y se resuelva el pedido. Los beneficios judiciales de Toledo por ser presidente acabaron en 2011, cinco años después del fin de su mandato. Ahora lo juzgarán como un ciudadano común y corriente.

El expresidente está implicado en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Habría recibido 20 millones de dólares en sobornos a cambio de conceder la obra de la carretera Interoceánica a la constructora. El colaborador eficaz Jorge Barata, exdirector de esta empresa en Perú fue quien declaró el recibo del monto ante la Fiscalía de Brasil.

La madrugada del sábado 4 de febrero, el juez que lleva el caso, Hamilton Castro junto a un grupo de policías allanaron la casa de Toledo y su esposa Eliane Karp en la urbanización Camacho. Se llevaron material fílmico, documentos y otro material de importancia para el estudio del caso.

Desde París, el mandatario respondió la noche del domingo al dominical Cuarto Poder y negó «rotundamente» haber recibido dinero de Odebrecht. Aseguró que volvería al Perú para responder ante la justicia, y dejó entrever que esta acusación es parte de una respuesta política de sus detractores.