La Fiscalía Anticorrupción del Santa dispuso abrir investigación contra el director de la Red de Salud Pacífico Norte, Jhonny Cano Suarez, funcionarios y los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de Peculado y malversación de fondos en agravio de esta entidad (Estado).
Según el documento fiscal, durante la adjudicación directa selectiva referida al “Acondicionamiento del Ambiente de Sala de Laboratorio de la RSPN” realizada por el comité de especial de proceso de selección se otorgó el 28 de diciembre del 2015 la buena pro a favor del consorcio Magdalena por un monto de 160 mil soles; sin embargo se contrastó que la suma era excesiva, además de no reunir los requisitos básicos para el fiel cumplimiento.
Sumado a ello en la misma entidad se dictaron dos memorando con fecha 4 de diciembre del 2015 el cual fue suscrito por Jhonny Cano con el propósito de otorgar viáticos por comisión de servicios al abogado externo Marco Antonio Verástegui Díaz para que gestione su propio pago en la ciudad de Huaraz. En la misiva señala esto como algo irregular pues su condición contractual no lo vincula con la entidad, recayendo en un perjuicio en los caudales público que no le correspondía.
También se señala que Cano Suarez durante el mes de diciembre del año pasado ha suscrito y entregado conformidad de servicio a las obras realizadas por distintas empresas en varios centros de salud cuando estas aún no habían culminado y peor aun cuando no realizaron labor alguna tal como lo denunció en su momento un medio escrito local.
Entre los funcionarios e integrantes del comité inmersos en esta investigación se encuentran: Salvador Eder Montesinos Cabanillas (presidente), Melisa Cerna Ruiz (miembro) y el TAP, Miguel Ángel Álvarez Salvatierra; asimismo Karina Clavijo Acosta (directora de Administración y Finanzas), Leonardo Allende Moquillaza (jefe de Recursos Humanos y Asesor Legal y Marco Antonio Verástegui Díaz (asesor legal externo).
La investigación a cargo de la fiscal, Angélica Bayes Antúnez se desarrollará en un plazo de 8 meses y será la Policía Anticorrupción la cumpla con ayudar en las diligencias programadas. (CHL)
