Aplicando el principio de intervención inmediata en cumplimiento de la Ley Contra la Violencia a la Mujer, el Juzgado de Familia ordenó el descerraje de un inmueble, luego de una denuncia de que una anciana era agredida sicológicamente por su pareja, quien además la mantenía incomunicada de su familia.

La diligencia se realizó en presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Policía Nacional. El Dr. Edward García Marín dispuso esta diligencia, ante las visitas reiteradas de la asistenta social y el médico del Juzgado de Familia a la vivienda de Doris Alcira Allende Moquillaza, con el fin de entrevistarse con ella, lo cual nunca pudo concretarse.

Según la denuncia verbal presentada por la sobrina de la docente, el esposo de la agraviada, Gustavo Rubio Valderrama, la mantuvo encerrada durante ocho meses sin que su familia pudiera comunicarse con ella.

En el inmueble se comprobó las pésimas condiciones de salubridad en las que vivía la docente. La médico del Juzgado de Familia determinó que la víctima además de un cuadro de depresión mayor, padecía de desnutrición crónica.

Como medidas de protección, el Tercer Juzgado de Familia ordenó que la docente esté bajo el cuidado de sus hermanas. En cuanto a Gustavo Rubio, se le prohibió acercarse a menos de 100 metros a la redonda de la víctima. La Policía deberá realizar visitas

inopinadas durante cinco meses al lugar donde se encuentra la agraviada, con el fin de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto.

Como medidas cautelares, se ordenó a la Sunarp evitar cualquier innovación en los dos inmuebles de los cónyuges, para evitar que sean vendidos, hipotecados o se realice cualquier forma de gravamen. El acusado deberá depositar la suma de 450 soles mensuales a la docente y dejar de cobrar la pensión de jubilación de su esposa.

Todos los actuados del proceso fueron remitidos a la Fiscalía Penal en cumplimento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar todo tipo de Violencia a la Mujer y el Grupo Familiar.