El Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Santa, ordenó a la Oficina de Normalización Previsional, que otorgue una pensión de invalidez a una anciana de 75 años a quien se la había denegado.
Paula Juliana Carranza de Pulache, es una extrabajadora de plantas conserveras que padece de osteoporosis, osteoartrosis de los dedos de las manos, cervicoartrosis y gonartrosis. Ella fue evaluada por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades del Hospital Eleazar Guzmán Barrón. El resultado, consigna que la mujer presenta un menoscabo global de 43 por ciento, superando el 33.3 por ciento que dispone la ley para obtener una pensión de invalidez.
Pese a ello, la ONP le negó el derecho, alegando que el examen que se le practicó, no consignaba la fecha de inicio de la enfermedad; sin embargo, al respecto el Tribunal Constitucional ya había emitido un precedente vinculante que señala que «la fecha en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades».
Frente a la demanda planteada por Carranza de Pulache, el juez Luis Alvarado Romero la declaró fundada y ordenó que el organismo estatal, emita una resolución administrativa que otorgue pensión de invalidez a la demandante, debiendo además cumplir con el pago de pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes.
