El fujimorismo es probablemente una de las organizaciones políticas con más procesos judiciales o investigaciones fiscales relacionadas con el delito de lavado de activos. Recientemente, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos inició una indagación a la candidata presidencial Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito Villanella por el mencionado ilícito.
El fiscal Germán Juárez Atoche resolvió que existen suficientes indicios de que la pareja de esposos cometió el presunto delito de lavado de activos. En el caso de Mark Vito Villanella, por la compra de terrenos sin contar con fondos que lo respalden; y respecto a la candidata de Fuerza Popular, por la recaudación sospechosa de fondos mediante cocteles. Además de recibir aportes de la empresa LVF Liberty Institute, constuida por peruanos en Estados Unidos, para no identificar a los verdaderos aportantes.
No es un caso aislado
A diferencia de otros partidos políticos peruanos, el fujimorismo es el único al que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a uno de sus financistas, Luis Calle Quirós –hermano de uno de los miembros del comité directivo del partido fujijmorista, Juan Calle Quirós–, de ser un «capo internacional de lavado de activos», en 2013.
Fuerza Popular pretendió resolver el problema devolviendo el dinero que aportó Luis Calle, pero hoy en la Fiscalía de Lavado de Activos existe una investigación en curso.
Lista comprometida
La legisladora Karina Beteta Rubín ha sido reelegida no obstante que tiene pendiente de resolución que la Quinta Fiscalía Superior de Lima, que despacha Edwin Quiroz Vallejo, se pronuncie sobre un caso de lavado de activos procedente del narcotráfico.
El cuñado de Beteta, Luis Egoavil García, estuvo preso por narcotráfico y desapareció cuando se le inició un nuevo proceso por el mismo delito, dejando sus propiedades a su esposa, Lus Atencia Rubín, hermana de la fujimorista Beteta.
La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo señala que existen evidencias de que Karina Beteta y su hermana Luz Atencia constituyeron empresas con fondos del narcotraficante Luis Egoavil. Beteta lo niega todo.
Por otro lado, desde agosto de 2014, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos investiga al electo congresista fujimorista Modesto Figueroa Minaya, un empresario que se dedica a suministrar combustible a los mineros ilegales con cuatro grifos en Puerto Maldonado y en otros en Masuko y San Sebastián, Madre de Dios.
En las investigaciones se acredita que Modesto Figueroa ha registrado un considerable e inusual crecimiento de su patrimonio, que se presume es producto del lavado de activos que provienen de las actividades mineras ilegales.
Antes de su despegue económico, Modesto Figueroa era vendedor ambulante en Puerto Maldonado y luego se dedicó al servicio de mototaxi, y ahora es propietario de al menos media decena de grifos. Su caso se asemeja al deJoaquín Ramírez, quien empezó como cobrador de combi.
Algo similar ocurre con la congresista fujimorista electa Marita Herrera Arévalo, de la región Amazonas. Al presentar su Hoja de Vida, señaló que tenía ingresos por 4 mil soles mensuales, monto que, según la Fiscalía Anticorrupción, es incompatible con su participación en millonarias inversiones como empresaria del rubro de la construcción, así como en la compra de terrenos e inmuebles. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción elevó el expediente a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
El reelecto congresista fujimorista Wuiliam Monterola Abregú, representante por Huancavelica, afronta una investigación por lavado de activos seguido por la 48a Fiscalía Provincial Penal de Lima.
En el 2015, el fiscal Marco Villalta Infante formuló denuncia penal contra la hermana del legislador fujimorista Rosa Monterola Abregú, y su sobrino, Julio Yreno Monterola, por haber actuado como testaferros del congresista Wuiliam Monterola.
A estos cuatro congresistas electos se debe sumar al legislador fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, denunciado por la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, el 9 de septiembre de 2014. El caso sigue en curso y obligó a Ramírez a renunciar a la secretaría general de Fuerza Popular.(La República)
