El Tercer Juzgado Unipersonal del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) condenó a 23 acusados por hechos ilícitos cometidos en la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, en Áncash, informó el Poder Judicial.
Los acusados reconocieron sus delitos y se acogieron al mecanismo procesal de la conclusión anticipada.
Este es el primer caso desde que entró en funciones el SEDCF, en marzo del 2017, en el que un gran número de acusados reconocen sus delitos y se declaran culpables a escala nacional.
La jueza Lisdey Magaly Bueno Flores, condenó a 2 exregidores de la entidad edil en razón de haber omitido su deber de fiscalización de las obras públicas, lo que constituye el delito de cohecho pasivo propio. Se impuso a Rogelio Reynaldo Camones Mallqui 5 años y 2 meses de prisión efectiva, y a Daniela Milagros Chávez Espinoza 3 años y 5 meses de prisión suspendida.
También fue sentenciado como autor del delito de peculado doloso el subgerente de tesorería y finanzas Miguel Robinson Castillo Pérez, a cuatro años de prisión suspendida. Sin embargo, el juicio oral continúa en su contra por el delito de asociación ilícita, debido a que no reconoció los cargos en este extremo.
Por otro lado, fueron condenados 20 de los acusados, quienes aceptaron haber colaborado, a través de la entrega de comprobantes de pago, y de este modo la presunta organización criminal liderada por el exalcalde y reo contumaz Manuel Glicerio Paucar Ramírez se apropie del patrimonio de la Municipalidad Distrital mediante la simulación de compra de bienes y la prestación de servicios para la ejecución de obras.
El Poder Judicial preciso que estos 20 sentenciados fueron condenados en calidad de cómplices primarios del delito de peculado doloso en agravio del Estado, y se les impuso penas suspendidas que van desde los 2 años y 5 meses hasta los 3 años y 10 meses, por lo que están obligados a comparecer cada 30 días, para el control biométrico e informar a las autoridades judiciales sobre las actividades que vienen desempeñando. Además, no podrán ausentarse de su residencia sin autorización del juez, y deberán pagar las reparaciones de manera fraccionada.
En cuanto a la reparación civil se han impuesto diferentes montos a cada uno de los sentenciados, haciendo un total de 674,606 soles por daño patrimonial y extrapatrimonial a favor del Estado.
El juicio oral continúa su trámite regular ante el referido órgano jurisdiccional contra los otros 19 acusados que no aceptaron los cargos, pero asisten a las audiencias. Cabe precisar que además se han declarado reos contumaces a otros 12 acusados.
