Algunos políticos proponen un proyecto de ley para sancionar con la llamada muerte civil a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción y sean judicialmente sancionados.

¿Qué es la muerte civil? Es la pérdida de derechos de la persona sentenciada para que, entre otras cosas, jamás vuelva a tener un puesto en el  Estado. Con la muerte civil, así llamada, esta pena sería de por vida, en reemplazo de la actual inhabilitación determinada por un juez que establece un número de años en los que no se puede tener actividad estatal.

¿Sería una medida efectiva? “Extender la sanción más allá de lo que señala el Código Penal podría violar algún tipo de derecho fundamental que podría dar lugar a una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo creo que es un asunto que hay que repasar y más allá de la publicidad o de que puede ser una medida que parece popular en el momento, no necesariamente es eficaz al final”, opina Aníbal Quiroga, experto en derecho constitucional

Experiencia internacional. En Bélgica y Francia, así como en Quebec (Canadá), esta medida fue anulada entre otras cosas, porque sus efectos legales perjudicaban al cónyuge y a los hijos del funcionario sentenciado por corrupción.(rpp)