El Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) ha detectado vacíos y ambigüedades en las normas que regulan el mecanismo de obras por impuestos, que podrían ser aprovechadas por las empresas privadas y pueden ir en desmedro del bien común y de los beneficiarios de los proyectos.
“Las obras por impuestos cuentan con aspectos positivos, pero también tiene riesgos que deben ser aclarados debidamente”, refirió la especialista del GPC, Marisa Glave Remi.
Reveló que en este tipo de iniciativas privadas no se contempla la vigilancia, la transparencia, ni el acceso a la información para la ciudadanía. Indicó que las obras no cuentan con veedores ciudadanos para su fiscalización. “Solo hay información sobre las obras priorizadas, los montos, pero no hay vigilancia”, remarcó.
Cabe explicar que el sector privado ejecuta obras por impuestos a cuenta de las contribuciones que debe realizar al fisco. Por su naturaleza, el desarrollo de proyectos e inversiones debe corresponderle al sector público, pero por las trabas burocráticas son asumidos por la empresa privada.
Glave Remi aclaró que no se trata de donaciones de la inversión privada, sino que se trata de fondos públicos, porque las empresas están pagando por adelantado sus impuestos. “De esta manera, no deja de ser obra pública ni dejan de ser fondos públicos”, sentenció.
Por otro lado, la especialista del GPC sostuvo que la inversión privada puede proponer una obra que no haya sido previamente identificada como prioritaria para la población. En ese sentido, puntualizó que la empresa que asuma la ejecución de servicios públicos debe responder a una planificación y a la priorización del Estado.
Glave aseveró que con el mecanismo obras por impuestos se deja de lado a los gobiernos regionales y locales, dejando que el sector privado asuma la ejecución de los proyectos públicos. Señaló que con esto se pone en riesgo la capacidad y fortaleza del Estado, ya que lo hace débil, poco capacitado, sin buenos funcionarios y no podrá salvar el interés público o bien común.
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