Tal como la anunciara en la víspera el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se oficializó la muerte civil para los funcionarios sentenciados por casos de corrupción, Decreto Legislativo N° 1243 que aparece publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
Tal medida comprende ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada «muerte civil por corrupción».
Así, la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás, comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública, serán susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas de fines asistenciales.
Asimismo, señala crear un registro único de funcionarios inhabilitados para que no vuelvan a ejercer cargos similares.
Se precisa que la pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401.
«En estos supuestos, la condena será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias», cita parte del decreto publicado.
