El alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, ha sido denunciado nuevamente por el presunto delito de organización criminal, y por primera vez en una acusación formal también ha sido incluida su esposa, Zulema Barrenechea Reyes.

La denuncia penal fue presentada el 9 de abril de 2025 ante la Fiscalía de la Nación por la ciudadana Brenda Campos Jacinto. Además del alcalde y su esposa, la acusación alcanza a funcionarios de confianza de la gestión municipal, así como a representantes de empresas contratistas y supervisoras de obras financiadas por la comuna.

Bajo sospecha

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de pistas y veredas en la urbanización El Pacífico, ejecutada por el Consorcio Constructor Pacífico —integrado por las empresas CQL Construcciones E.I.R.L. y BRER Minería y Construcción S.A.C.— por un monto de 4.9 millones de soles, y supervisada por el Consorcio Perú —conformado por Vladimir Marcos Dueñas Ramírez y Rosendo Riquelme Castañeda— por 247 mil soles.

Además del alcalde y su esposa, figuran como denunciados el gerente municipal, Tony García Santander; el presidente del comité de selección y jefe de Logística, Juan Manuel Gamarra Cruz; el primer miembro titular del comité de selección, Miguel David Girón Chávez; el segundo miembro titular, Gonzalo Sánchez Campos; los supervisores del Consorcio Perú, Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa y Vladimir Marcos Dueñas Aguirre, y el representante del Consorcio Constructor Pacífico, Enrique Bendezú Romero.  

La denuncia de Brenda Campos es grave. Entre los delitos imputados figuran organización criminal, colusión y omisión de actos funcionales. Estos se configuran por la existencia de un grupo de personas que se reparte funciones con el fin de cometer delitos de manera coordinada, permanente y estructurada, en perjuicio del Estado. Sostiene que los funcionarios municipales habrían omitido sus funciones deliberadamente, avalando procesos con irregularidades desde la formulación de las bases hasta la recepción de la obra, y que habrían concertado con los contratistas y supervisores para defraudar el patrimonio de la municipalidad.

En el caso particular del delito de organización criminal, este supone la existencia de una estructura estable y coordinada entre varias personas para cometer delitos de manera sistemática. Como elementos de sustento de su denuncia, Brenda Campos ofreció a la Fiscalía de la Nación evidencias de vínculos previos entre los involucrados, antecedentes de adjudicaciones compartidas, un informe de la Contraloría que revela diversas irregularidades, así como documentos y reportes de buena pro relacionados con distintas obras públicas.

Informe revelador

El primer elemento de la denuncia es un informe de control específico de la Contraloría (n.° 029-2024-2-3948-SCE), emitido en noviembre de 2024, en el que se identificaron diversas irregularidades en el proceso de contratación de la supervisión adjudicada al Consorcio Perú. El área usuaria elaboró los términos de referencia sin ajustarse a la normativa del Ministerio de Vivienda; el comité de selección vulneró directivas del OSCE al redactar las bases; se admitieron propuestas y se otorgó la buena pro con un plazo de supervisión contrario a la normativa; además, el personal clave del consorcio trabajaba simultáneamente en otra entidad pública y no se aplicaron penalidades. Todo ello afectó la libre competencia entre postores, la calidad de la obra y la exclusividad en la supervisión.

Según la Contraloría, debido a la supervisión inadecuada y no exclusiva, se ejecutó una obra que no cumplía con los estándares de calidad necesarios; por el contrario, mostraba deficiencias estructurales (resanes en el asfalto, desalineamiento y desnivel, y disgregación del pavimento) que a futuro afectarán su vida útil.  

Por esa razón, remitió el informe de control específico al procurador público especializado en delitos de corrupción para las acciones penales correspondientes contra los responsables. Asimismo, mediante oficio n.° 000850-2024-CG/OC3948, del 10 de diciembre de 2024, le recomendó al alcalde Soto Campos disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores involucrados.    

Red de vínculos y antecedentes

La denunciante luego se centra en mostrar los vínculos entre los implicados. Como prueba, señala que Enrique Bendezú Romero, representante del consorcio que ejecutó la obra de pistas y veredas en la urbanización El Pacífico, fue socio en años anteriores de la esposa del alcalde, Zulema Barrenechea Reyes, en la ejecución de otras obras públicas, lo que, a su juicio, evidenciaría una relación continua y coordinada entre ambos.

Se menciona como antecedente la obra de mejoramiento de un campo deportivo en el asentamiento humano Javier Heraud, en el distrito de Santa, ejecutada en 2022 por el Consorcio Antonio Salinas, integrado por BRER Minería y Construcción S.A.C. (representada por Bendezú) y WZ Contratistas (empresa de propiedad de Barrenechea).

En 2023, Rosendo Riquelme Castañeda Gamboa, uno de los supervisores de la obra cuestionada, también supervisó otras obras ejecutadas por Zulema Barrenechea. Una de ellas fue el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos técnicos del CETPRO Ernesto Reyna Zegarra, en el asentamiento humano Miramar del distrito de Huarmey.

Además, Castañeda Gamboa está denunciado junto a Zulema Barrenechea y el alcalde Walter Soto en la Carpeta Fiscal n.° 181-2024. La Fiscalía Anticorrupción del Santa los investiga por colusión y organización criminal. Según la denuncia, Castañeda supervisa obras ejecutadas por la empresa de Barrenechea y, al mismo tiempo, ha ganado de forma sospechosa varios servicios de supervisión en la Municipalidad de Nuevo Chimbote.

“Las irregularidades cometidas por empresarios, funcionarios y el alcalde no solo en la ejecución de la obra del óvalo La Familia, sino también de la plaza Mayor, en la presente obra y otras, nos permiten afirmar que estamos frente a una organización criminal de estructura vertical, encabezada por Soto Campos”, sostiene la denunciante.

Esta es la quinta denuncia presentada por Brenda Campos Jacinto contra el alcalde Walter Soto y su gestión. La primera —por falsificación de documentos, colusión, malversación de fondos, abuso de autoridad y negociación incompatible— se centró en el caso del Consorcio Danna que ganó la supervisión de la plaza Mayor; la segunda, por una obra en la avenida La Paz y el presunto direccionamiento a favor del Consorcio Construpaz, con base en un informe de la Contraloría; la tercera —por organización criminal, colusión, negociación incompatible y otros— fue una ampliación del caso plaza Mayor y se sustentó en otro informe de la Contraloría, y la cuarta —por organización criminal, colusión y otros— por el caso del óvalo de La Familia. (RSD)