La Contraloría emitió un informe de auditoría de cumplimiento a la Recaudación y ejecución de gastos con los recursos directamente recaudados en el IESTP Carlos Salazar Romero, ubicado en Nuevo Chimbote (periodo de evaluación del 2 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2025); en el que se identificaron cuatro observaciones:
Entre enero de 2023 y marzo de 2025, servidores del IESTP Carlos Salazar Romero aprobaron proyectos y cursos que incluyeron bonificaciones y pagos adicionales a favor de docentes y personal administrativo, al margen de la normativa presupuestal y de las disposiciones del Ministerio de Educación – MINEDU sobre el uso de recursos propios. Asimismo, realizaron contrataciones directas de docentes para cursos de extensión, generando perjuicio económico por S/276 805,91, afectando el adecuado funcionamiento de la administración pública e inobservando el cumplimiento de la normativa vigente.
Servidores del IESTP Carlos Salazar Romero depositaron de manera parcial los recursos propios recaudados por concepto de alquiler de espacios y cursos de extensión, correspondientes a los periodos 2023 y primer trimestre de 2025, ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/250 819,85.
Durante los años 2023 y 2024, servidores del IESTP Carlos Salazar Romero simularon la ejecución de procesos de contratación bajo la modalidad de comparación de precios, adjudicando la buena pro a empresas impedidas de contratar con el Estado y que no cumplían con las especificaciones técnicas. Asimismo, no aplicaron penalidades a proveedor por S/11 936,50, ocasionando perjuicio económico, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública e inobservando los principios que rigen las contrataciones del Estado.
Servidores del IESTP Carlos Salazar Romero contrataron bienes y servicios de manera directa y fraccionada, incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado y la directiva interna de la entidad; asimismo, omitieron aplicar penalidades a proveedor por el monto de S/3 209,60, limitando que la entidad pueda contratar en condiciones más favorables de precio y calidad, ocasionando perjuicio económico, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública e inobservando los principios que rigen la contratación pública.
El informe No. 022-2025-2-0706 fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación – DIRESA y comunicado a su titular para que efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan; así como a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones legales penales a los 20 funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos .
VER INFORME https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2026CPO070600006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
