La Contraloría General de la República ha identificado a 276 personas inscritas irregularmente como beneficiarias de Pensión 65.

El programa estatal entrega S/.250 cada dos meses a personas mayores de 65 años y en situación de extrema pobreza. Los casos se detectaron principalmente en Áncash y Huánuco, aunque también en La Libertad, Puno, Cusco e Ica. 

Según un informe del órgano de control, a consecuencia de una auditoría al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), al que está adscrito el programa, se detectó la inscripción de personas fallecidas y de ciudadanos con edades por debajo del requisito establecido.

También se halló a personas que incluso eran beneficiarias del sistema privado de pensiones, situación prohibida por las normas que regulan el programa.

Esos casos ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/.137.875 entre el 2012 y el 2013. La contraloría identificó a 113 personas fallecidas.

En su informe, señala que el programa no realizó el cruce de información adecuado para verificar la identidad de los inscritos, por lo que el dinero seguía siendo depositado en las cuentas bancarias de los usuarios irregulares.

Se encontró, además, subvenciones por S/.25.000 a 59 usuarios dePensión 65 que eran pensionistas del sistema privado y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

Asimismo, se destinaron S/.93.375 a 90 usuarios que fueron incluidos en el padrón pese a tener DNI vencidos, lo que vulneraba otro de los requisitos para ser beneficiario. A ellos se suman las 14 personas que recibieron subvenciones pese a ser menores de 65 años.

Para la contraloría, las más de 200 inscripciones irregulares fueron producto de la “falta de diligencia y efectividad” del programa, que debió verificar la información brindada por los usuarios en sus declaraciones juradas.

En diálogo con El Comercio, el presidente ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos, señaló que el programa ya entregó sus descargos a la contraloría. “Ya se han limpiado todas las observaciones”, afirmó.

Según el funcionario, no existen afiliaciones ilícitas en el padrón, sino un problema de procesos operativos en las entidades con las que debe cruzar su data: el Reniec, la SBS y la ONP.

Villalobos señaló que en los lugares más alejados, donde se concentra la extrema pobreza, el Reniec demora meses en actualizar su información, lo que evita que el programa filtre a tiempo su padrón.

La contraloría ha solicitado el inicio de un proceso administrativo sancionador contra funcionarios del Midis por la presunción de faltas graves y muy graves. El ministerio ha contactado a algunos de los beneficiarios irregulares para pedir el reembolso del dinero entregado.

No es la primera vez que se identifican irregularidades en Pensión 65. En el 2013 se tuvo que desafiliar a 1.400 personas.