El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de su procuradora, presentará una denuncia judicial contra el gobernador de la región Áncash por la emisión de la Ordenanza 004-2018 GRA/CR que declara inaplicable la Ley Nº 30725 emitida por el Congreso de la República, una acción que altera la jerarquía de la normatividad legal peruana.
La citada Ordenanza Regional transgrede la Constitución Política del Perú, cuyo artículo 51 precisa que la Constitución prevalece sobre toda norma; la ordenanza emitida es de inferior jerarquía que la ley mencionada y debe ser de estricto cumplimiento para no incurrir en desacato.
Como se recuerda, el Poder Legislativo emitió la mencionada ley que modifica la estructura del directorio del Proyecto Especial Chinecas, con lo cual le resta accionar político y más bien le imprime un componente técnico al incluir la posibilidad de que algunos de sus integrantes se elijan por concurso público con las normas de Autoridad Nacional del Servicio Civil -Servir.
“Pero a la SNBE porque todos sabemos que la madre del cordero en Chinecas son las invasiones y para que esto pueda funcionar es el saneamiento físico legal del terreno; mientras existan invasiones y propietarios que no son necesariamente agricultores, Chinecas no es viable”, opinó.
“Se trató de un claro desconocimiento de la jerarquía de poderes y del ordenamiento jurídico nacional vigente”, observó la congresista María Elena Foronda. “Con ello, lo que en realidad pretendió y pretende el gobernador Luis Gamarra Alor es seguir entrampando el desarrollo de Chinecas”.
Al recomponer el directorio, continuó la representante por Áncash, se busca que en Chinecas participen las juntas de usuarios de agua que se encuentran en el ámbito geográfico del proyecto, los representantes de las municipalidades provinciales del Santa y Casma, y otras entidades del Estado.
“Todo ello bajo estrictos criterios técnicos que logren mayor eficiencia y eficacia en los objetivos del Proyecto, y sin restar autonomía ni la presidencia de dicho directorio al Gobierno Regional de Áncash”, enfatizó.
La Ley N° 30725 es el producto de un proceso legal y constitucional en el que participaron el Ministerio de Agricultura y Riego, la Superintendencia de Bienes Nacionales, los Gobiernos Locales y las organizaciones de agricultores, entre otros. El Gobernador Regional se rehusó en participar en la Comisión Agraria del Congreso de la República hasta en tres oportunidades.
