El contralor general de la República, Fuad Khoury, señaló que el accionar del organismo fiscalizador, reforzado con nuevas atribuciones, permitió poner límites a los actos de corrupción en el gobierno regional de Áncash, bajo la gestión del expresidente César Álvarez.
Recordó que hasta hace un tiempo, la Contraloría no podía realizar determinadas operaciones, como por ejemplo cerrar cuentas de funcionarios o entidades en las que hay indicios de actos de corrupción.
Pero al ejercer esta atribución, se pudo cerrar las cuentas bancarias del gobierno de regional de Áncash.
Gracias a esta suerte de «asfixia financiera», la estructura corrupta de dicho gobierno regional «empezó a derrumbarse como un castillo de naipes», indicó en declaraciones a Exitosa Radio.
Las investigaciones contra el entonces presidente regional, acusado de liderar una red de corrupción, motivaron la detención de Álvarez y contribuyó a disminuir la sensación de impunidad que tienen los ciudadanos respecto a sus autoridades, indicó.
Esta fue «la primera actuación que hubo contra una región corrupta (…) antes la Contraloría no tenía garras ni dientes, pero ahora tenemos también la capacidad de sancionar», añadió.
Reveló que «hoy existe 330 funcionarios sancionados por delitos graves o muy graves».
«Cuando hay un delito penal, los casos van al Ministerio Público y si es civil al Poder Judicial», explicó.
