Durante la última sesión del Consejo Regional de Áncash, la consejera Rocío Cochachín —quien en anteriores ocasiones respaldaba la gestión del gobernador Koki Noriega— lanzó una dura denuncia contra el programa Hatun Ancash, señalando la existencia de graves irregularidades que evidenciarían direccionamiento y corrupción.
Cochachín, junto con los consejeros Karen Lázaro y Edson Cancha, integrantes de la Comisión de Infraestructura, advirtió que se vulneró la normativa al aprobar un acta que modifica de manera ilegal el fondo de la directiva, hecho que no puede ser considerado un simple error administrativo.
Asimismo, denunció la exclusión de municipalidades como Huayabamba y Malvas, que cumplían con todos los requisitos, mientras se favorecía a otras localidades de forma arbitraria y sin justificación técnica.
La consejera también cuestionó el rol del asesor legal del Consejo Regional, acusándolo de actuar como vocero del Ejecutivo, debilitando la autonomía del órgano legislativo y restando legitimidad al proceso.
“Esto no es un error administrativo, es una vulneración grave que apunta a la corrupción”, enfatizó Cochachín, exigiendo la inmediata corrección de los documentos y el respeto estricto a la legalidad
La selección del paquete de obras para ser financiadas mediante el Hatun Áncash IV —programa del Gobierno Regional de Áncash que destina recursos a las municipalidades para que ejecuten proyectos— ha generado una abierta discrepancia entre algunos consejeros y alcaldes, y el Ejecutivo regional.
La polémica comenzó cuando, ayer, durante una sesión del Consejo Regional, el alcalde del distrito de Huayllabamba (Sihuas), Marco Lucio Vidal, reveló que había tomado conocimiento que, de los más de 80 proyectos que se habían presentado, la Gerencia Regional de Infraestructura había seleccionado 19 y el suyo no había sido considerado.
El burgomaestre cuestionó esa decisión porque —según aseguró— su obra cumplía todos los requisitos de la directiva que regula el Hatun Áncash IV, incluso ya tenía visto bueno de los ministerios; sin embargo, se había informado que algunas de las obras aprobadas ni siquiera tenían expediente técnico, por lo que había alcaldes beneficiados que estaban contratando profesionales para terminar recién esos estudios.
Lucio Vidal agregó que la convocatoria señalaba que se atendería solo a los municipios que antes no habían sido beneficiados, pero ello tampoco se cumplió, por lo que dejó entrever que había otras consideraciones que se tenían en cuenta en la elección de las comunas beneficiadas. “¿Cómo es el negocio, con quién hay que hablar?”, fustigó.
