A solicitud del equipo especial Lava Jato, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra Yamila Osorio, exgobernadora de Arequipa, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, que habrían sido cometidos durante los años 2015-2018. Yamila Osorio, es actual asesora de cabecera del gobernador de Ancash, Koki Noriega.
De acuerdo con la resolución judicial, la orden de impedimento de salida del país contra Osorio Delgado será por 18 meses. Además, se dispuso otras medidas como la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, ni variar de domicilio sin previa autorización judicial.
Asimismo, Osorio deberá presentarse puntualmente ante el despacho fiscal y el juzgado de investigación preparatoria, las veces que sea citada, y no podrá comunicarse con investigados ni testigos.
Proceso de investigación
En agosto, la fiscal provincial Ángela Zuloaga Bayes, del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, formalizó la investigación a Osorio y, al mismo tiempo, solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.
De acuerdo con la Fiscalía,Yamila Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa, cuyo plan consistió en cometer principalmente delitos contra la administración pública. Para esto, se habría designado en puestos claves de la entidad a los demás miembros de su organización delictiva, según el equipo especial.
A Osorio se le imputa el delito de colusión, en razón de su cargo de presidente del gobierno regional de Arequipa, por intervenir de manera directa en la Licitación Pública “Mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado (Tramo III)”.
Negó irregularidades en su gestión
En noviembre del 2020, Yamila Osorio participó de la audiencia virtual del pedido de impedimento de salida del país por 18 meses en su contra, solicitado por el fiscal Hamilton Montoro Salazar, como parte de la investigación del pago de una coima de S/ 2 millones de la empresa ICCGSA hacia la exautoridad arequipeña.
Cuando Osorio hizo uso de la palabra negó haber recibido dinero para firmar el contrato de las obras del tramo III de la Variante de Uchumayo y dijo que se trata de una venganza porque en su gestión se defendió los intereses de Arequipa.
La exgobernadora explicó que resolvió el contrato a ICCGSA porque esta abandonó la obra. Esto le permitió ejecutar las cartas fianza por 30 millones de soles que se usó en cancelar deudas a pequeños y micro empresarios, proveedores de ICCGSA impagos.
