La Federación Médica Áncash Costa defendió a la gineco-obstetra Pilar Chumpitaz Rojas, detenida por presunta negligencia médica tras la muerte de un recién nacido en el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma. La institución cuestionó la acusación pública hacia la profesional antes de que se inicie una investigación formal, argumentando que la médica actuó conforme al protocolo en una situación de complicación obstétrica aguda.

El incidente ocurrió el 2 de julio, cuando una mujer en trabajo de parto no recibió atención oportuna, y la cesárea de emergencia no se realizó debido a la ausencia de un anestesiólogo. El director del hospital, José Osorio, confirmó que el anestesiólogo había abandonado su puesto antes de la emergencia y se comprometió a presentar un informe sobre el caso. A pesar de que la responsabilidad parecía recaer en el anestesiólogo, la Policía detuvo a la ginecóloga, lo que la Federación consideró injustificado y un juicio anticipado.

La Federación también destacó que la gineco-obstetra no estaba de turno en emergencias, sino en consultorios externos, y que su intervención fue adecuada. Se trató de un prolapso del cordón umbilical, un evento clínicamente impredecible y de alto riesgo, donde se intentó realizar una cesárea de emergencia sin éxito. Este tipo de situaciones son reconocidas en la literatura médica como posibles desenlaces en el trabajo de parto, incluso con atención especializada.

Además, la Federación expresó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública en el hospital, considerando inaceptable la presencia de policías armados en un entorno médico. Demandó que cualquier investigación se realice con criterios técnicos y legales, respetando el debido proceso, y que los actos médicos sean evaluados por los mecanismos internos establecidos, evitando la exposición pública antes de una indagación formal. La Federación reafirmó su compromiso de proteger la labor médica y los derechos de los profesionales de la salud.