El Equipo Especial Lava Jato ha presentado una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori Higuchi y catorce coacusados por presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales de 2011 y 2016 del partido Fuerza Popular. La fiscalía, liderada por el fiscal José Domingo Pérez, solicita una pena de 35 años de prisión para Fujimori, imputándole delitos de lavado de activos agravado, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, además de una multa de 730 días.
La acusación incluye a varios exdirigentes y allegados de Fuerza Popular, como Pier Figari, Ana Herz y Jaime Yoshiyama, así como a las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C. En paralelo, el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la investigación para 19 personas y un sobreseimiento parcial para dos más, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional.
En enero, el Tercer Juzgado Penal Colegiado había anulado el juicio oral por presuntos aportes ilícitos a las campañas, tras un recurso de Fujimori y otros acusados. La defensa argumentó que una resolución del Tribunal Constitucional en diciembre de 2024 anulaba parcialmente la acusación contra José Chlimper, pidiendo que se aplicara el mismo criterio a los demás implicados.
La fiscalía sostiene que los «cócteles», eventos de recaudación organizados por Fuerza Popular, fueron utilizados para canalizar aportes irregulares de empresas privadas, con entradas que alcanzaban los 500 dólares por persona. Este caso ganó notoriedad en 2017, cuando se reveló una anotación de Marcelo Odebrecht que sugería aportes ilícitos a la campaña de Fujimori. En 2018, Keiko Fujimori fue sometida a prisión preventiva, aunque fue liberada y volvió a postular a la presidencia en 2021. Durante las investigaciones, se autorizaron allanamientos en locales de Fuerza Popular y se impusieron restricciones a varios acusados.
