El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, deberá afrontar una nueva investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

El caso, que había sido archivado, fue judicializado ayer y formalizado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Santa. La investigación está relacionada con la difusión de un audio entre Álvarez y el consejero de la provincia de Corongo, Jorge Marreros, que evidenciaría la presunta influencia del ex gobernador en el Poder Judicial de Chimbote.

Según la denuncia inicial, Marreros intentó que el cargo de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Corongo sea ocupado por Daniel Lazo Brito, desplazando de este puesto a Zenón Vergaray Martínez, quien mediante una medida legal logró frenar que sea removido de su cargo.

Debido al ‘obstáculo’ legal, el consejero habría acudido a Álvarez para que deje sin efecto el recurso del funcionario demandante.

Con la judicialización del caso, la fiscalía realizará la investigación preparatoria por un período de ocho meses, después del cual decidirá si se le acusa formalmente.

–Otras acusaciones–
El ex gobernador de Áncash cumple prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas desde mayo del 2014 por una supuesta intervención en el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, así como por su posible participación en la red de corrupción regional conocida como ‘La Centralita’.

Hoy enfrenta procesos por presunta asociación ilícita para delinquir, peculado y lavado de activos. La orden de prisión preventiva que pesa sobre Álvarez –que venció el pasado 27 de noviembre– fue prorrogada hasta el 26 de mayo del 2017.

Esto, debido al alto número de procesados (en total 71) en la investigación por el Caso ‘La Centralita’. Junto a él, también son investigados su asesor de imagen y cuatro periodistas de Chimbote.