La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa ha solicitado una pena de ocho años de prisión para la exjueza Liliana Otero Salinas, actual candidata a diputada por Áncash de Fuerza Popular, por su presunta implicación en el clan del abogado Rodolfo Orellana Rengifo. El fiscal Víctor Meza Torres la acusa de cohecho pasivo específico, en calidad de autora, junto a otros implicados como Orellana Rengifo, el abogado Rafael Montoya Álvarez y Yuri Espinoza Vargas.
El «Clan Orellana» ha sido identificado como una organización criminal que operó entre 2002 y 2014, dedicada a obtener beneficios ilícitos a través de fraudes y corrupción. La investigación revela que el grupo creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), que emitía cartas fianza sin respaldo patrimonial, permitiendo a empresas participar en contrataciones públicas y simular solvencia económica.
Rodolfo Orellana designó a Rafael Montoya como presidente de Coopex, quien presentó una demanda de amparo contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) con el fin de obtener una resolución judicial favorable mediante sobornos. La Fiscalía sostiene que se entregó un soborno de 10 mil dólares a Otero Salinas para que concediera irregularmente una medida cautelar que permitiera a Coopex operar legalmente.
Esta medida fue posteriormente anulada por el juez Alfredo Cuipa Pinedo, tras la improcedencia del recurso presentado por Constructora Quimera S.A.C. y Coopex. Además, se menciona que Coopex emitió una carta fianza en 2010 para el consorcio Salem, relacionado con la construcción del Coliseo Cerrado de Chimbote, un proyecto que quedó inconcluso.
La Fiscalía también ha solicitado penas de seis años y seis meses para Orellana, Montoya y Espinoza, así como un año y seis meses de inhabilitación para Otero Salinas en el ejercicio de la función pública. El requerimiento ha sido presentado ante el juez superior de investigación preparatoria, Carlos Castro Rodríguez, y la Procuraduría Anticorrupción determinará el monto de la reparación civil. (Fuente: Radio Santo Domingo)
