El procurador anticorrupción, Joel Segura Alania, consideró necesario que los exfuncionarios condenados por delitos de corrupción sean inhabilitados de por vida para el ejercicio de cargo público.
«Debemos ser conscientes del daño que causa al país tener en el ejercicio de la función pública a una persona condenada por corrupción. Es incomprensible, genera miedos y sospechas fundadas, se corre mucho riesgo en la sociedad», manifestó.
Dijo que si en el Congreso no se llega a un consenso sobre este tema, al menos se podría aspirar a una inhabilitación con una valla alta en término de años, a fin de que se le impida volver a ejercer alguna tarea como funcionario público.
«Es cierto que existen mecanismos de rehabilitación, pueden volver a la sociedad, que trabajen, pero el problema es cuando le vuelves a entregar la confianza a quien ya defraudó a la sociedad», señaló a la Agencia Andina.
La gran tarea por hacer como colectivo, dijo, es entender bien e interiorizar la idea de que hay personas competentes y capaces y que no se puede seguir apostando o pensar en apostar en quien cayó una sentencia por corrupto.
«La Procuraduría y la Fiscalía gastan recursos recogiendo pruebas para determinar las culpabilidades. No es posible que pasado el tiempo y la condena esta persona vuelva a la función pública. Ese círculo debe acabar», añadió.
En el Congreso de la República todavía permanecen pendientes de discusión proyectos legislativos en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la aprobación de la duplica del plazo de prescripción.
De igual forma, el proyecto de ley de la «muerte civil» para los deudores de las reparaciones por delitos en agravio del Estado.
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