El congresista Luis Cordero Jon Tay, de Alianza para el Progreso, ha presentado el Proyecto de Ley 12814-2025, el 14 de octubre, que propone permitir a los empresarios y contribuyentes que pagan cupos a extorsionadores deducir estas pérdidas de su impuesto a la renta. La iniciativa busca modificar el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, reconociendo las extorsiones como «pérdidas extraordinarias» que deben ser deducibles.
Actualmente, la ley permite deducir pérdidas extraordinarias solo si han sido probadas judicialmente, lo que puede ser complicado y peligroso para las víctimas. El proyecto sugiere que las víctimas puedan acreditar sus pérdidas mediante una declaración jurada con huella digital y firma notarial, acompañada de pruebas, facilitando así un proceso más seguro y ágil.
Además, se espera que esta medida proporcione datos reales sobre la incidencia de extorsiones, lo que podría ayudar en la formulación de políticas públicas para prevenir y reducir este delito. Según el congresista, los beneficios directos incluyen un mecanismo formal para que las víctimas acrediten sus pérdidas sin riesgos adicionales, y una disminución de la vulnerabilidad de familias y empresas ante represalias.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas en redes sociales, ya que algunos consideran que podría normalizar la extorsión en un contexto de creciente criminalidad.
