La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, aprobó el lunes 26, por unanimidad, un informe de opinión consultiva para que se delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento.
El informe debatido fue remitido por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y se centró en aspectos vinculados a establecer medidas que permitan fortalecer la organización y rectoría en saneamiento, los organismos reguladores, coberturas, modernización, gestión empresarial, gestión en residuos sólidos, inversión pública y privada de servicios de saneamiento, expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos, entre otros puntos.
El presidente de ese grupo de trabajo, el legislador Héctor Becerril Rodríguez, hizo una exposición sobre el tema y planteó la necesidad de reorganizar el Sistema de Inversión Pública (SNIP,) a fin de garantizar la calidad de la inversión pública, así como afianzar el rol y eficiencia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), incluyendo modificar la regulación sobre las responsabilidades civiles y administrativas de los servidores públicos.
“Se propone reestructurar los procesos del sistema de inversión pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura. Se debe mejorar y simplificar la formulación y evaluación de los proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados a nivel de servicios”, consideró Becerril.
Otro tema que concitó la atención en el debate de la Comisión de Fiscalización fue la necesidad de garantizar la eficacia del derecho al acceso a la información pública, así como crear un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que entorpezcan o sean renuentes a la entrega de información
Al término de la reunión, el presidente Héctor Becerril dio a conocer su satisfacción por el trabajo realizado y señaló que la Comisión de Fiscalización no se pronunció en el caso relacionado con los XVIII Juegos Panamericanos por falta de información del Ministerio de Educación, entre otras entidades encargadas de su realización y en los proyectos de inversión. (FAA).
